La última perla de la clase empresarial, tanto a nivel local como nacional, afirma que la mejor forma de demostrar cuánto cuesta un puesto de trabajo consistiría en pagar íntegramente el sueldo al trabajador, y que éste abonara por sí mismo sus impuestos, incluido lo correspondiente a la seguridad social. Proclamación que viniendo de una clase tan proclive a todo tipo de artimañas económicas y corruptelas no deja de tener su intríngulis. Vaya por delante que, como en todas partes, indudablemente existen empresarios honrados que cumplen tanto con sus deberes impositivos hacia el Estado como gratificando a sus trabajadores como merecen, pero, para su desgracia, son minoría y han de cargar con el San Benito de verse incluidos entre la podredumbre del cínico y terrorífico panorama general.
Semejante ofrecimiento, solución -ignoro para qué- o dislate contiene toda la mala leche que puede esperarse de semejantes especímenes. Y como muestra sólo hay que asomarse a cualquier estadística pública comparada confeccionada a partir de los beneficios e impuestos empresariales, en ellas llaman la atención los exiguos números, tanto en cuanto a beneficios como impositivos, comparados con las propiedades que acumulan -camufladas tras infinidad de trucos de propiedad; con propietarios reales y ficticios- y el tipo de vida que lucen. Aunque hay de todo, quienes acopian como hormiguitas y solo se dejan ver en lugares y ambientes exclusivistas -que no exclusivos-, cerrados y restringidos a los de su ralea, y los que no tienen ningún escrúpulo en mostrarlo y ostentarlo públicamente, confiados y amparados tras unos parapetos legales que les aíslan y protegen de cualquier intención indiscreta o directamente malévola.
E independientemente de sus tejemanejes económicos con el único regulador que les puede poner freno, el Estado, es habitual que expriman mediante subvenciones, recortes o directamente en negro en lo referente a pagos y salarios a la otra víctima que suele interponerse ante su codicia, el trabajador, siempre necesitado, señalado o amenazado con aquello de que esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, porque no tienes más que asomarte a la puerta y comprobar la cola bien larga aguardando para venderse, o humillarse, por mucho menos de lo que nadie en su sano juicio consideraría decente. Visto lo visto no hace falta ser un lumbreras para imaginar qué harían y cómo presionarían a esos mismos trabajadores a costa de su “merecido sueldo íntegro”. Sin nadie que inspeccionara y regulara sus procedimientos, según ellos siempre justos y ejemplares, no las maledicentes, envidiosas y falsas acusaciones que tienen que aguantar, es más que probable que tensionaran los contratos hasta casi la asfixia del empleado, en este caso descaradamente a costa de sus necesidades más vitales, pues no hay que olvidar que, con una seguridad social de mínimos, el trabajador tendría que pagar al completo la atención y cura de un simple resfriado. ¿A quién? A una de las aseguradores tan estupendas que ofrecen atención directa -mejor on line, es más barata- las veinticuatro horas del día. Al no existir una sanidad pública mínimamente solvente, puesto que sin impuestos es más que probable que tarde o temprano desaparecería, el mismo trabajador tendría que extraer de esa “justa cantidad” que libremente recibe lo necesario para encontrar y pagar una asistencia sanitaria que le solucionara un simple sarpullido; no hace falta imaginar cómo y cuáles serían los precios a poco que la enfermedad fuera más importante o se prolongara en el tiempo, o un accidente irrumpiera en unas vidas ya precarias. Sin sanidad pública y asequible lo mejor sería echarse directamente a morir, porque esas mismas aseguradoras que hoy venden humo a cambio de cómodas cuotas no admitirían a tipos con ingresos limitados obligados a pólizas miserables, dependientes de una indigencia e indecisión congénitas en las que las necesidades más primarias, la codicia y el temor pugnarían a partes iguales.
Ni que decir tiene que los empresarios, felizmente liberados de los impuestos necesarios para un sostener un Estado medianamente fuerte y preocupado por sus ciudadanos, se proveerían de seguros completos y clínicas exclusivas donde pagar religiosamente y ser atendidos sin la molestia de la chusma trabajadora y sus eternos achaques de incompetentes fracasados; sin el feo de la carne de cañón laboral. Tampoco existirían esas largas e inconvenientes listas de espera de una cada vez más precaria sanidad pública que no da más de sí -sin dinero para pagarse una intervención privada esos pacientes ya habrían desaparecido de la faz de la tierra. Una mujer embarazada, por ejemplo, tendría que buscarse la vida y pagar por su embarazo, y ni mucho menos darse de baja por problemas derivados del mismo. Y lo de la baja por maternidad… ¡vamos! ¡no digan tonterías! Si quieres tener hijos necesitas dinero, de lo contrario… como los pobres de toda la vida; igual encuentras algo en la beneficencia o de la caridad religiosa. Además, una mujer jamás podría acceder a un puesto de trabajo si antes no se comprometiera por contrato a no cometer la laboralmente absurda torpeza de desear hijos.
Bien visto, la selección de la especie que tal medida conllevaría sería en el fondo muy beneficiosa para la misma; disminuiría la presión medioambiental sobre el planeta -otro grato beneficio- a costa de ejemplares que pasarían por este mundo con la presencia y brevedad del vuelo de una mosca, permitiendo que los más aptos -o lo que es lo mismo, los más ricos- se reprodujeran con salud, alegría y comodidad.